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La nueva ley sobre crowdfunding, a punto de ser aprobada

Seis meses para adaptarse a los criterios fijados por la nueva ley y la posibilidad de poder prestar servicios online relacionados con el diseño de campañas. Estas han sido las dos principales modificaciones introducidas vía enmiendas que afectan directamente a las plataformas de crowdfunding, tras el reciente paso por el Senado de la Ley de Fomento de Financiación Empresarial (LFFE). El texto vuelve de nuevo al Congreso y al Consejo de Ministros, como última etapa previa a su esperada aprobación definitiva a lo largo de las próximas semanas.

No será inminente la adaptación a los nuevos criterios, sino que  se otorgará un periodo transitorio de seis meses a las plataformas para su adecuación al nuevo marco regulatorio. Si pasados quince todavía no se hubieran realizado los cambios pertinentes, se podrán finalizar los proyectos que estuvieran ya en curso pero no dar comienzo ninguno. Uno de los objetivos de la LFFE, según se puso de relieve en el Pleno del Senado del pasado 25 de marzo, es regular los nuevos tipos de inversores que participan en proyectos fintech, procurando establecer unas condiciones óptimas para facilitar el acceso al crédito para las pymes.

Sin embargo, el texto no ha cambiado una coma de los límites de inversión que fueron aprobados en el Congreso. Los proyectos para inversores cualificados (aquellos que superen un determinado nivel de activos, especificados por la propia ley) podrán recaudar hasta 5 millones de euros, sin que estos tengan límite de inversión en el número de operaciones en las que pueden participar. Por su parte, para los denominados inversores no acreditados, se establece un límite de 3.000 euros anuales por proyecto que ascenderán hasta 10.000 euros por año si se diversifica la inversión en distintas plataformas. Además, deberán firmar de su puño y letra su consentimiento, tras ser advertidos previamente de los riesgos.

Tampoco ha habido cambios sobre el órgano que velará por la supervisión del sector, ya que la CNMV se ocupará de acreditar a las distintas plataformas y controlar las distintas operaciones de financiación que se abran, aunque falta todavía una mayor precisión por parte de la ley en concretar los mecanismos y límites de esta vigilancia.   En lo que sí hay una mayor concreción es en la de fijar los criterios para establecerse como intermediario en procesos de financiación alternativa, ya que se exige un capital social mínimo de 60.000 euros y unos recursos propios de, al menos, 120.000 euros.

Es probable que en su última fase de tramitación parlamentaria, que ahora se inicia, el texto pueda sufrir algunas modificaciones, aunque en lo que sí parece existir unanimidad es que el documento final se aprobará en las próximas semanas. El Gobierno pretende normalizar cuanto antes los nuevos canales de financiación para las pymes, creando las bases regulatorias que garanticen la solvencia de las operaciones y den cobertura jurídica sobre todo a los inversores.

Sólo cabe desear que ese nuevo marco legislativo, que marcará la evolución del sector del crowdlending para los próximos años, sea lo más flexible posible para asegurar a las empresas un nuevo canal de acceso a la liquidez en un contexto donde el grifo del crédito de la banca tradicional sigue muy cerrado. Hay mucho en juego y, sobre todo, grandes oportunidades para apuntalar la recuperación económica, como ya se ha podido ver en países que han apostado con fuerza por la financiación alternativa con notable éxito, como EEUU o Gran Bretaña.

 

 

Imagen: CC Wikipedia

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