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Las claves de la nueva regulación del Crowdfunding

Se han necesitado casi ocho meses de trabajo, algunos más que los que este blog ha estado en letargo por motivos ajenos a nuestra actividad profesional. Pero, tanto la regulación como el blog han vuelto con fuerza y en línea con las necesidades informativas y regulativas que necesita la actividad de préstamos entre personas en España.

El blog retomará la práctica de ofrecer las noticias más relevantes del sector de los préstamos entre personas a nivel mundial. Y la legislación, según nos anunció hace unas semanas el Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha puesto en marcha  las bases necesarias para que el sector se desarrolle en España, como ya está ocurriendo en los principales países occidentales.

La mayor novedad legislativa de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial en relación con el crowdfunding ha sido la distinción entre inversores acreditados y no acreditados.

Para ser considerado inversor acreditado habrá que cumplir alguno de los siguientes requisitos.

  • Ser inversor institucional.
  •  Ser una empresa con activos superiores a un millón de euros.
  • Ser un empresa con una cifra de negocio por encima de los dos millones.
  • Ser una empresa con unos recursos propios de más 300.000 euros.
  • Ser persona física o jurídica con un nivel de renta superior a los cincuenta mil euros al año.
  • Ser persona física o jurídica con un patrimonio superior a cien mil euros y que soliciten expresamente este tratamiento.

Para quienes cumplan estos requisitos no habrá ningún límite de inversión. Para el resto, considerados inversores no acreditados, se establece un límite de 3.000 euros anuales por proyecto que ascenderán a 10.000 euros anuales si se diversifica la inversión en distintas plataformas. Los inversores no acreditados también tendrán que firmar de puño y letra la documentación que autoriza su inversión y que acredita que reconocen los riesgos que implica.

La Ley también reconoce la diferenciación entre la actividad de préstamo, crowdlending, y la de financiación de proyectos empresariales, crowdequity. En un principio, ambas estarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero dado que el crowdlending implica préstamo directo entre dos personas, también el Banco de España estará encargado de su supervisión. El cómo lo hará es algo que la ley todavía no ha definido.

Otro de los objetivos de la nueva regulación es controlar quién puede dedicarse a intermediar este servicio y garantizar la seguridad jurídica. Para ello, se exige que las plataformas acrediten un capital social mínimo de 60.000 euros y unos recursos propios de, al menos, 120.000 euros.

Además, se han establecido unos cánones de entrada y actividad. El coste administrativo de las plataformas de financiación participativa será de unos 830 euros iniciales para conseguir la autorización y unos 2.400 euros al año. Este último variará en función del dinero total intermediado por la plataforma.

El primero es el resultado de la suma del coste de presentación de la solicitud de actividad, más el coste de presentación de  la memoria del proyecto que exigirá la Comisión Nacional del Mercado de Valores, más los documentos y publicación que este organismo exigirá.