Super depósitos: ¿es necesario tropezar otra vez en la misma piedra?

Hace unos días mientras desayunaba a solas en un bar, una conversación se coló en mis oídos.  Hablaba un hombre, que por su edad estaría ya jubilado, con el que debía ser su hijo, de algo más de 40. Explicaba el padre que le habían ofrecido un 4% por poner su dinero en un depósito, ante la incredulidad del hijo.

Eso es imposible papá será otra cosa. Te has equivocado. Bankia está nacionalizada  y no puede hacer esas ofertas, decía el hijo.

De imposible, nada. Mira!!! me lo ha dado aquí por escrito, insistia el padre mientras le enseñaba un folio manuscrito cuyo contenido no llegué a ver.

 

Intenté desconectar y seguir el hilo de mi libro, pero la conversación se me quedó grabada. ¿Será verdad? ¿Es posible que Bankia, banco quebrado rescatado por el Estado, esté ofreciendo un 4% de tipo de interés por sus depósitos? Es más ¿es justo?

Respecto a la primera pregunta: oficialmente, Bankia no ofrece ese tipo de interés por ningún depósito. Pero podría hacerlo si el Banco de España no se lo impide ( nunca hasta ahora lo ha hecho ni siquiera con bancos rescatados) y si el resto de los bancos lo están haciendo. Porque incluso con la llegada del dinero del rescate europeo cumpliría una de las condiciones que impone el Memorandum de entendimiento que es que los bancos que reciban ayudas no podrán remunerar los depósitos por encima de los tipos que apliquen sus competidores. Y desde que el Gobierno derogara, el pasado 31 de agosto, la llamada Ley Salgado (que penalizaba los depósitos excesivamente remunerados) la guerra por captar dinero está en pleno fulgor, como se ve en esta comparativa de tucapital.es.

Otra cosa muy distinta es que esto sea justo y conveniente. La Guerra de los Depósitos, es decir remunerar los depósitos de la banca a tipos muy por encima del tipo oficial del dinero, fue considerada una práctica de riesgo para el sector financiero el año pasado y eso dio lugar a la llamada Ley Salgado, que penalizaba a las remuneraciones excesivas. De esa forma, si el tipo de interés ofertado en un depósito superaba el euríbor más 1,50 puntos, la entidad tendría que doblar su aportación al Fondo de Garantía de Depósitos.

 

Las razones que se argumentaron en su momento, para imponer esa restricción eran que ofrecer estás remuneraciones a pérdidas (es decir pagar más por el dinero de lo que vale) suponía “un riesgo para el sistema financiero mayor que la quiebra de CAM”, según explicó  Joan María Nim, director General de La Caixa. La entonces ministra de Economía, Elena Salgado, aseguraba que “esas prácticas sólo servían para encarecer el crédito después a los particulares o a las empresas”.

Pasado un año, el pasado 31 de agosto, el actual Gobierno decidido suspender aquellas restricciones tras la insistencia de la patronal del sector, la Asociación Española de Banca. ¿La razón?  No era, como cabría esperar, que el Gobierno de Mariano Rajoy tuviera una concepción del riesgo distinta, sino algo mucho peor. La derogaba porque la prohibición no había tenido el efecto deseado. Como se suele decir, hecha la ley, hecha la trampa. Durante estos meses las entidades han sustituido los super depósitos por super pagarés. Es decir, para ahorrase la aportación de garantías extra que suponía remunerar más los depósitos, sustituyeron la oferta por ‘atractivos pagarés’ con altos tipos de interés. El ‘pequeño’ detalle es que el dinero depositado en un pagaré no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos y, por lo tanto, el ahorrador queda más desprotegido. Aunque bancos como el Popular utilizaban como estrategia de venta, hace pocas semanas, que “total el Frob está quebrado”.

Pero lo cierto es que tanto ahora como en junio de 2011, el exceso de remuneración para captar dinero sigue siendo tan dañino para los márgenes de las entidades como antes. Si por captar el dinero de los ahorradores se llega a pagar un 4%, mientras que el banco apenas obtiene un 1% si lo presta a otros bancos o lo deposita en el BCE, el resultado es lo que técnicamente se llama margen negativo. Algo que el Gobierno parece haber olvidado, o al menos aparcado, por un motivo que se escapa a la lógica.

Y ante la incapacidad de meter en vereda a la banca que continúa practicando actividades de riesgo sin ningún pudor y saltándose a la torera cualquier legislación restrictiva, ha optado por la vía menos mala: intentar proteger algo más al ahorrador, facilitando que se oferten productos cubiertos por el Fondo de Rescate: depósitos frente a pagarés. Algo es algo, pero la cuestión que queda pendiente es: después de tres rescates, ¿por qué se permite al sector financiero que siga aplicando las mismas prácticas de riesgo que llevaron a la crisis?

Una ley convencional para regular una filosofía de inversión que lo cambiará todo

cronicaeco

No es la ley más propicia para facilitar la liquidez para pymes y proyectos de negocio pero, al menos, sirve para regular, al fin, el sector. Las plataformas de financiación alternativa cuentan desde el martes con una ley que normaliza su actividad dentro de la economía española. Un paso muy importante dado por el poder legislativo, pero que peca, una vez más, de ser excesivamente restrictiva. Condiciona el crecimiento de un segmento de la actividad que ha demostrado su relevancia para fomentar el crédito a las empresas, en un momento crucial como el actual, donde resulta fundamental capitalizar el impulso positivo de la recuperación.

La principal novedad de la ley, en lo que a temas de crowdfunding se refiere, es que ha identificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como principal garante de la seguridad de nuestras plataformas.  Esto debería ser suficiente, como lo es para el resto de productos financieros, garantía de protección. Pero no parece así en este caso. Los escándalos que en los últimos años han provocado la indebida comercialización de preferentes y otros productos de riesgo, así como las salidas a bolsa que a la postre se ha demostrado que no reflejaban la realidad de las entidades, ha provocado un exceso de proteccionismo que hace que paguen justos por pecadores.

El resultado ha derivado en que el regulador ha desaprovechado una oportunidad histórica para apostar por una vía contrastada y directa de inyección de liquidez en las pymes, optando por establecer excesivos corsés y limitaciones, en vez de fomentar su implantación como ya se ha hecho, y con bastante éxito, en otras economías tan contrastadas como Reino Unido o Estados Unidos.

La ley no sólo impone limitaciones a la cuantía de los proyectos, sino, sobre todo, a los inversores, con una especial prevalencia sobre los particulares. Con la premisa de garantizar al máximo la transparencia, los proyectos dirigidos a profesionales podrán recaudar hasta cinco millones de euros mientras los de particulares tendrán un límite de dos millones.

De igual modo, el texto fija una excesiva diferenciación entre aquellos inversores denominados acreditados de los que no lo son. Los primeros no tendrán limitación alguna y serán en cualquier caso inversores institucionales, es decir, que deberán ser empresas con un activo superior al millón de euros, una cifra de negocio de, al menos, dos millones o recursos propios de trescientos mil euros. Si se desea entrar en esta categoría siendo persona física se habrá de demostrar contar con un patrimonio superior a los cien mil euros y unos ingresos anuales de cincuenta mil euros. Los no acreditados en cambio, apenas podrán participar con tres mil euros por proyecto y no superar en todo el año los diez mil euros de inversión.

Sólo en el último lustro, la virulencia de la crisis provocó que más de 250.000 empresas se vieran obligadas a echar el cierre en España. La dificultad en la captación de clientes y en el acceso al crédito fueron las dos principales razones que provocaron tal cataclismo. Desde la llegada hace unos meses de los incipientes atisbos de recuperación, la primera de estas adversidades parece haber mejorado, mientras el grifo de la liquidez continúa cerrado por parte de la banca comercial cuando se trata de financiar a pequeños empresarios, en un contexto adverso para los productos de ahorro. Un mayor apoyo a la financiación alternativa a través de, por ejemplo, beneficios fiscales, similares a lo que sí han llevado a cabo otros países de nuestro entorno, hubiera servido para impulsar la etapa de inercia positiva que están viviendo muchas empresas.

Reducir la excesiva bancarización debería erigirse como una de las moralejas de la recesión vivida, dados los abundantes y recientes ejemplos de la ineficiencia del sistema para canalizar al tejido productivo el flujo de dinero de los bancos centrales. En España, todavía el 95% de la financiación empresarial depende directamente de la banca comercial, según datos de la propia UE, limitando en gran medida su acceso para muchas pymes que no cumplan con los requisitos exigidos, si bien sí cuentan con proyectos de negocio con enormes posibilidades de éxito.

Países como Reino Unido ya han sabido calibrar las enormes posibilidades en este sentido que brinda el crowdlending, siendo el propio Gobierno el que está promoviendo las ayudas a las empresas a través de las plataformas online.

A la espera de que las instituciones europeas promuevan una Directiva que regule el sector en todo el continente, sólo cabe desear que la presente ley sirva, al menos, para afianzar la financiación alternativa en nuestro país, un fenómeno imparable que, en proyecciones del Banco Mundial, moverá más de 70.000 millones de euros en sólo una década. Una sólida realidad en la que están en juego la propia supervivencia de muchas empresas, de miles de puestos de trabajo y de la propia prosperidad de la economía española en el futuro, abriendo las finanzas a una nueva perspectiva global, donde lo importante es la generación de valor real, eliminando cualquier atisbo de especulación.

Esta tribuna apareció primero en: Crónica Económica

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Londres acoge LendIt Conference, el mayor evento mundial del P2P lending

Giles Andrews, fundador y CEO de Zopa, Samir Desai cofundador de Funding Circle, Rhydian Lewis, máximo directivo de RateSetter… unidos para dar clases magistrales. Hasta hace apenas un par de años, cualquiera podría pensar que la única audiencia interesada en escuchar a estos ‘avanzados’ emprendedores financieros no pasaría de un puñado de jóvenes alternativos o, en el mejor de los casos, empresarios locos por las nuevas tecnologías.

Cuando está a punto de terminar 2014, la situación de la industria de los préstamos entre personas ha cambiado de forma disruptiva. Hasta tal punto, que estos tres emprendedores serán atentamente escuchados por un auditorio que concentrará a lo más granado de la sociedad financiera europea.

 Y es que, el próximo 17 de noviembre Londres, la capital de las finanzas mundiales, acogerá la tercera edición del mayor evento del mundo de finanzas participativas: Lendint Conference. Así lo demuestra el éxito que este evento cosechó durante 2013 en las dos convenciones celebradas en San Francisco y Nueva York.

La capital británica, que vio nacer los préstamos entre personas, se convertirá en unos días en el centro del networking de este sector. Allí, se darán cita las principales plataformas de crowdlending del mundo junto con los principales jugadores de las finanzas mundiales; desde fondos de inversión, como el de George Soros, grandes consultoras, como KPMG, destacados despachos de abogados, entre los que se encuentra Clifford Chance. E incluso, importantes entidades financieras el banco alemán Deutsche Bank o el español BBVA.

En definitiva, todos los que no quieren dejar pasar ponerse al día del impacto que el P2P va a tener en el futuro financiero de la economía mundial. En el programa de actividades hay previstas ponencias sobre la tendencia de los consumidores, el impacto que puede causar este fenómeno en los bancos tradicionales. ¿Hasta qué punto se va a convertir o no en la base financiera de las pymes?  Y, por supuesto, un análisis de cómo los países, España incluido, está abordando la regulación legal del fenómeno.

España, entre los países más interesados

Atendiendo a los datos de delegados confirmados a 30 de octubre de 2014, recogidos en la web de LendIt, España es el segundo país, junto con Alemania, que mayor representación va a tener en el evento con un 3,6% del total de participantes. Eso sí, a años luz del anfitrión, Gran Bretaña, que concentra el 40,9% de los delegados.

Además, el LendIt tendrá proyección mundial ya que está prevista la difusión del mismo en directo, vía streaming, a través de su página web  www.ledit.tv.

Claro que quienes, opten por la opción online, se perderán uno de los platos fuertes del evento,  el networking, que estará fomentado con zonas y momentos dedicados en exclusiva a fomentarlo.

Si serán o no productivos esos encuentros seguro que lo veremos en los próximos años, o tal vez meses, cuando bancos, fondos de inversión comiencen a protagonizar los nuevos modelos de p2p lending que están por llegar.

regulación crowdfunding

Las claves de la nueva regulación del Crowdfunding

Se han necesitado casi ocho meses de trabajo, algunos más que los que este blog ha estado en letargo por motivos ajenos a nuestra actividad profesional. Pero, tanto la regulación como el blog han vuelto con fuerza y en línea con las necesidades informativas y regulativas que necesita la actividad de préstamos entre personas en España.

El blog retomará la práctica de ofrecer las noticias más relevantes del sector de los préstamos entre personas a nivel mundial. Y la legislación, según nos anunció hace unas semanas el Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha puesto en marcha  las bases necesarias para que el sector se desarrolle en España, como ya está ocurriendo en los principales países occidentales.

La mayor novedad legislativa de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial en relación con el crowdfunding ha sido la distinción entre inversores acreditados y no acreditados.

Para ser considerado inversor acreditado habrá que cumplir alguno de los siguientes requisitos.

  • Ser inversor institucional.
  •  Ser una empresa con activos superiores a un millón de euros.
  • Ser un empresa con una cifra de negocio por encima de los dos millones.
  • Ser una empresa con unos recursos propios de más 300.000 euros.
  • Ser persona física o jurídica con un nivel de renta superior a los cincuenta mil euros al año.
  • Ser persona física o jurídica con un patrimonio superior a cien mil euros y que soliciten expresamente este tratamiento.

Para quienes cumplan estos requisitos no habrá ningún límite de inversión. Para el resto, considerados inversores no acreditados, se establece un límite de 3.000 euros anuales por proyecto que ascenderán a 10.000 euros anuales si se diversifica la inversión en distintas plataformas. Los inversores no acreditados también tendrán que firmar de puño y letra la documentación que autoriza su inversión y que acredita que reconocen los riesgos que implica.

La Ley también reconoce la diferenciación entre la actividad de préstamo, crowdlending, y la de financiación de proyectos empresariales, crowdequity. En un principio, ambas estarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero dado que el crowdlending implica préstamo directo entre dos personas, también el Banco de España estará encargado de su supervisión. El cómo lo hará es algo que la ley todavía no ha definido.

Otro de los objetivos de la nueva regulación es controlar quién puede dedicarse a intermediar este servicio y garantizar la seguridad jurídica. Para ello, se exige que las plataformas acrediten un capital social mínimo de 60.000 euros y unos recursos propios de, al menos, 120.000 euros.

Además, se han establecido unos cánones de entrada y actividad. El coste administrativo de las plataformas de financiación participativa será de unos 830 euros iniciales para conseguir la autorización y unos 2.400 euros al año. Este último variará en función del dinero total intermediado por la plataforma.

El primero es el resultado de la suma del coste de presentación de la solicitud de actividad, más el coste de presentación de  la memoria del proyecto que exigirá la Comisión Nacional del Mercado de Valores, más los documentos y publicación que este organismo exigirá.